Un nuevo informe publicado por la Comisión de Sentencias de Estados Unidos (USSC) revela un alarmante aumento en los delitos federales relacionados con el abuso sexual. En el año fiscal 2024, se registraron 1,430 sentencias por delitos sexuales, lo que representa un incremento del 62.5% respecto al 2020. Este crecimiento ha captado la atención de expertos y autoridades que señalan la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de prevención, detección y justicia para las víctimas.
El informe detalla que la mayoría de los condenados —un 93.5%— fueron hombres, con una edad promedio de 38 años. Además, el 94.8% eran ciudadanos estadounidenses. Desde un punto de vista étnico, el 55.1% se identificaron como blancos, seguidos por hispanos (15.2%), afroamericanos (13.9%) y nativos americanos (13%). Esta distribución refleja un fenómeno presente en múltiples comunidades del país, sin distinción clara de origen racial o geográfico.
El presente informe federal descarta la retórica difundida sobre la alta criminalidad de hispanos indocumentados en delitos de abusos sexuales.
Entre los delitos más comunes se destacan la producción de pornografía infantil (52.8%) y los viajes con fines sexuales prohibidos hacia menores (28.3%), seguidos por la violación criminal (10.7%). Estos datos confirman que los delitos contra menores siguen ocupando un lugar central dentro de las sentencias por abuso sexual, lo que requiere mayor atención desde las instituciones de justicia, protección infantil y salud mental.
Las penas impuestas también reflejan la gravedad de los crímenes. El 99.2% de los condenados recibió prisión, con una pena promedio de 221 meses —casi 18 años y medio—. La producción de pornografía infantil resultó en penas aún mayores, promediando los 273 meses (más de 22 años), especialmente cuando incluía mínimos obligatorios. Por su parte, las violaciones criminales con mínimos obligatorios alcanzaron los 379 meses de prisión, equivalentes a más de 31 años.
Finalmente, el informe muestra que casi la mitad de las sentencias (48.7%) se apartaron del rango establecido por las directrices federales, en su mayoría con reducciones decididas por los jueces. Aunque estas variaciones son legales y a veces justificadas, también generan un debate sobre la uniformidad y justicia en la aplicación de las condenas. El informe concluye subrayando la necesidad de continuar monitoreando estas tendencias y adaptar las políticas públicas para proteger a las víctimas y castigar a los agresores con firmeza y equidad.
FUENTE: USSC.GOV
