Castañon Nava: el acuerdo que redefine los límites del poder de ICE
Un acuerdo federal firmado hace dos años podría convertirse en una inesperada protección para miles de inmigrantes en el Medio Oeste, incluidos los que residen en Wisconsin.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrenta ahora cuestionamientos legales por un decreto de consentimiento —conocido como Castañon Nava, firmado en 2022— que limita las detenciones migratorias sin orden judicial.
Según el documento, el DHS se comprometió a no realizar arrestos sin órdenes firmadas por un juez, una cláusula que pone en entredicho la legalidad de muchas de las detenciones recientes.
El acuerdo exige que los agentes federales documenten en el formulario I-213 una de tres justificaciones concretas antes de detener a una persona:
- Riesgo de fuga
- Necesidad de verificar la identidad
- Antecedentes de fuga previa
Seis estados beneficiados
El juez Jeffrey Cummings amplió recientemente el alcance del acuerdo a Illinois, Indiana, Wisconsin, Missouri, Kentucky y Kansas, tras un fallo emitido el 7 de octubre a favor de un grupo de abogados de inmigración.
Esta decisión judicial permitirá que los defensores legales soliciten el formulario I-213 de cada detenido para verificar si existió causa probable o si la detención se basó únicamente en sospechas razonables.
De confirmarse irregularidades, el DHS podría enfrentar demandas de indemnización por detenciones consideradas arbitrarias, especialmente en el área metropolitana de Chicago, donde se han registrado numerosos casos.
Asistencia para familias afectadas
Las personas que hayan sido detenidas por autoridades migratorias, o que tengan familiares en esa situación, pueden contactar a la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) en https://www.icirr.org/fsn o llamando al 1 (855) 435-7693.
Es necesario proporcionar el nombre completo, fecha de nacimiento, número “A” (Alien Registration Number) y país de origen.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha identificado hasta el momento casi 200 personas detenidas injustamente bajo procedimientos que podrían violar los términos del decreto.
Un poco más del acuerdo “Castañon Nava”
Castanon Nava v. DHS / ICE es una demanda colectiva presentada originalmente en 2018, tras una redada en Chicago en mayo de ese año, donde se acusó a ICE de hacer arrestos sin órdenes judiciales (“warrantless arrests”) y detener a personas sin cumplir los criterios legales que exige la Constitución (Cuarta Enmienda) y las leyes migratorias.
En 2022, las partes (los demandantes representados por organizaciones legales como NIJC y ACLU, y el gobierno federal) llegaron a un acuerdo de consentimiento (Settlement Agreement / Consent Decree).
El Acuerdo impone condiciones al ICE con respecto a cómo puede conducir arrestos migratorios sin orden judicial en el área de responsabilidad de la “Chicago Field Office” (que incluye Illinois, Indiana, Wisconsin, Missouri, Kentucky y Kansas).
El Acuerdo fue aprobado por el tribunal el 8 de febrero de 2022 y el actual acuerdo se extenderá hasta el 2 de febrero 2026.
La duración original del Acuerdo era de tres años, es decir, hasta el 12 de mayo de 2025, salvo que una “motions to enforce” (moción para hacer cumplirlo) interrumpiera o extendiera sus obligaciones.
La extensión de la duración busca restituir a los demandantes el tiempo que, según el tribunal, ICE incumplió claramente las obligaciones tras el 11 de junio de 2025 (fecha en que un funcionario de ICE declaró unilateralmente que el Acuerdo había sido rescindido).
Algunas de las medidas ordenadas por el juez incluyen:
- Reemitir la política de arrestos sin orden a nivel nacional.
- Capacitar nuevamente a los agentes que violaron el Acuerdo.
- Entregar los nombres, números “A” y documentos de arresto (I-213 / I-200) de las personas arrestadas sin orden judicial desde junio de 2025 en el Distrito Norte de Illinois, con reportes mensuales hasta la expiración del Acuerdo en febrero de 2026.
- Liberar o liberar las condiciones para 22 personas arrestadas ilegalmente.
- Pago de honorarios legales a los abogados demandantes.
El juez también sostuvo que ICE no tenía base legal para portar formularios I-200 en blanco y emitidos tras la detención para “legalizar” arrestos ya hechos, calificando ese argumento del ICE como “sin mérito”.
Además, el tribunal advirtió que las violaciones masivas podrían generar indemnizaciones y responsabilidades por parte del DHS/ICE.
Las organizaciones pro-defensores de los inmigrantes solicitan el apoyo de la comunidad para grabar y documentar cualquier detención incluyendo horas y fechas, localización, nombres de los detenidos, números de las placas de los oficiales, y placas de los autos.
FUENTE: DHS, ICE, ACLU, NIJC, JUSTIA
