El Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ), Michael E. Horowitz publicó un informe en el que devela que hubo espionaje a algunos medios de comunicación e incumplimiento de la Política que los ampara.
La inmediatez de las noticias, las redes sociales y la información falsa son algunos de los ingredientes de un aperitivo perfecto cuando se habla de las nuevas tecnologías y la revolución digital. La carrera maratónica que han tenido que emprender los medios de comunicación para conservar la reputación y credibilidad ha sido mucho más exigente que en otros tiempos.
Poco a poco ha surgido la necesidad de establecer nuevas regulaciones que proteja la libertad de prensa y de igual manera se informe de manera objetiva y veraz a la opinión pública para evitar que surjan alteraciones o noticias falsas que pongan en juego la estabilidad del país. No obstante, cuando son los líderes de estado quienes no están de acuerdo con ese apoyo recíproco se pone en juego la libertad de un país.
De acuerdo, a un informe revelado por el inspector General del Departamento de Justicia (DOJ), Michael E. Horowitz alerta sobre el uso del proceso obligatorio por parte del Departamento y la considera una “intrusión en la capacidad de los medios de comunicación para informar sobre las actividades del gobierno”, revelaciones que ocasionan una “preocupación generalizada”.
Igualmente, el informe explica que la política del Departamento de Justicia buscaba que se llevará a cabo un proceso obligatorio para los registros de los miembros de los medios de comunicación. Es decir, antes de solicitarle al Fiscal General, la autorización para emitirlo, primero los fiscales debieron agotar todos los medios razonables para identificar las fuentes de las divulgaciones.
De acuerdo al informe, los fiscales nunca notificaron que estaban solicitando registros telefónicos y de correo electrónico de “miembros del Congreso, personal del Congreso y periodistas de CNN, The New York Times y The Washington Post para intentar identificar las fuentes de información clasificada filtrada que se había publicado en artículos de noticias en 2017”.
“El Departamento de Justicia revisó nuevamente su Política de Medios de Comunicación en 2022. Creemos que es un asunto de importancia crítica para la reputación del Departamento de Justicia y para los intereses legítimos de los medios de comunicación que, habiendo revisado nuevamente su Política de Medios de Comunicación en respuesta a críticas significativas, el Departamento de Justicia haga todo lo posible para garantizar el cumplimiento total y riguroso de su nueva política en el futuro”, manifiesta el estudio.
Hace un poco más de un mes fue aprobada la Ley Press, en la Cámara de Representantes, un proyecto que “prohíbe al gobierno federal obligar a los periodistas y a los proveedores de servicios de telecomunicaciones (por ejemplo, las empresas de telefonía e Internet) a revelar cierta información protegida, excepto en circunstancias limitadas, como para prevenir el terrorismo o la violencia inminente”.
No obstante, todavía no es Ley y su proceso a penas fue recibido en el Senado, leído dos veces y remitido al Comité de Justicia. El tiempo apremia y la incertidumbre de que se repitan casos de vulneración de la libertad de prensa, es una constante.
FUENTE: U.S Congress
